Visión general
El término «mineral de zonas de conflicto» hace referencia a cuatro elementos —estaño, tantalio, tungsteno y oro— y normalmente se le denomina 3TG, por las siglas de estos elementos en inglés. ¿Pero qué convierte a estos minerales en «minerales de zonas de conflicto»?
En resumen, si los ingresos derivados del comercio de estos minerales se emplean para financiar conflictos armados en la República Democrática del Congo (RDC) y países colindantes (región de RDC), se califican como «minerales de zonas de conflicto».
Más específicamente, es el origen de estos minerales lo que importa, y si el mineral empleado para producir estos metales básicos se obtiene de minas controladas de forma ilegal por tropas gubernamentales y grupos armados.
Estas tropas y grupos armados utilizan los cuantiosos ingresos procedentes de los minerales para fomentar sus propios intereses y para perpetuar la guerra a través de la compra de armas. Además, son responsables de algunas de las peores atrocidades contra la humanidad y de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas, violaciones, asesinatos y trabajo infantil. La población civil de comunidades mineras locales se ve obligada a participar en este comercio ilegal de minerales. Esto repercute en la rama legítima de este sector fundamental, que es básico para la sostenibilidad de la economía de la RDC y para la protección de sus gentes.
Los minerales obtenidos de estas minas son objeto del tráfico fuera de la RDC a través de países vecinos como Uganda y Ruanda, desde donde se exportan al Lejano Oriente y se funden con minerales procedentes de todo el mundo. Una vez que los minerales se han procesado o «refinado» de esta manera, es extremadamente difícil rastrear su origen. De este modo, los minerales de zonas de conflicto se abren camino fácilmente hasta productos de consumo de todo el mundo, y se encuentran en todos nuestros aparatos electrónicos; entre ellos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, coches e incluso joyas.
La necesidad de intervenir
Dado que la mayor fuente de ingresos de estos grupos proviene de este comercio ilegal de minerales, ahí es donde se debe centrar la intervención. Por consiguiente, se pide a las empresas que realicen un abastecimiento más responsable y eviten que los minerales de zonas de conflicto entren en los mercados internacionales. Para ello, es preciso que realicen las comprobaciones debidas en su cadena de suministro.
Esto requiere una investigación exhaustiva de la cadena de suministro, en un principio para identificar si los productos fabricados o con contrato de fabricación contienen 3TG y, posteriormente, para identificar su origen; en particular, si se obtienen de minas que se utilizan para financiar conflictos. Finalmente, conlleva poner en práctica medidas para subsanar la situación, entre las cuales podrían incluirse trabajar con los proveedores afectados para acordar un plan de medidas correctivas con el fin de resolver problemas identificados.
La labor llevada a cabo por la Iniciativa de abastecimiento libre de conflictos (CFSI, Conflict-Free Sourcing Initiative) es fundamental para este propósito. No solo ha elaborado un modelo de informe de minerales de zonas de conflicto (CMRT por sus siglas en inglés) que facilita la recopilación de información relativa a los minerales de zonas de conflicto, sino que también ha realizado auditorías a fundiciones (refinadores) contrarias a los protocolos acordados para compilar una lista de fundiciones consideradas autorizadas o «certificadas». Esto permite a las empresas realizar elecciones informadas acerca de los minerales de zonas de conflicto en su cadena de suministro.
Sin embargo, debería apuntarse que una fundición «no certificada» puede que no tenga ninguna relación con esos grupos armados; simplemente significa que no ha sido auditada por la CFSI. Estas fundiciones pueden solicitar una auditoría a la CFSI con el fin de cambiar su situación. Se recomienda a las organizaciones que obtengan minerales de fundiciones certificadas y que tengan precaución cuando traten con fundiciones no certificadas.
Mayor rendición de cuentas por medio de la legislación
La Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección al consumidor, que se aprobó en el Congreso de los EE. UU. en julio de 2010, incluye una disposición —Sección 1502— cuyo objeto es impedir que los grupos rebeldes y armados nacionales de la RDC utilicen ilegalmente sus ingresos procedentes del comercio de minerales para financiar conflictos.
La Sección 1502 es un requisito de divulgación que insta a las empresas a determinar si sus productos contienen minerales de zonas en conflicto —llevando a cabo comprobaciones debidas de la cadena de suministro— e informar a la Securities and Exchange Commission (SEC).
La Securities and Exchange Commission (SEC) de los EE. UU. adoptó esta medida en 2012, y publicó unas normas que exigían a las empresas registradas en la Bolsa de valores de EE. UU. que presentaran informes anuales obligatorios acerca del uso de minerales de zonas de conflicto (3TG: estaño, tantalio, tungsteno y oro) que se consideran «necesarios» para los productos que fabrican o cuya fabricación contratan. También se les exige divulgar las medidas que han tomado para realizar las comprobaciones debidas sobre la fuente y la cadena de custodia de esos minerales.
Las comprobaciones debidas y las medidas de trazabilidad exigidas por la Sección 1502 son básicas para romper el vínculo entre los conflictos y el comercio de minerales en el este de la República Democrática del Congo. Marcan una primera medida eficaz en las iniciativas para crear un sector minero libre de conflictos en la RDC que beneficie al comercio legítimo de minerales, y sirva para poner fin a la extorsión y la violencia.
En la UE, se han introducido nuevas directrices reglamentarias en relación con los minerales de zonas de conflicto, que recomiendan la autocertificación de los importadores de 3TG. Aunque sigue siendo voluntaria, la cada vez mayor presión ejercida por consumidores y grupos de presión está obligando a las empresas a adoptar un enfoque más proactivo sobre esta cuestión como parte de su política de responsabilidad social corporativa. Cualquier empresa que lo incumpla puede acaparar titulares que afecten de forma negativa a su reputación.
